La Ley 1996 de 2019 eliminó la interdicción y el proceso judicial por medio del cual se desarrollaba. En su lugar, reconoció que todas las personas con discapacidad son plenamente capaces y que pueden usar y necesitar apoyos para ejercer su capacidad jurídica y tomar decisiones. Esto incluye también a las personas que tienen estados de salud delicados quienes requieren apoyos más intensos y profundos.
Con mucha frecuencia nuestros padres, hermanos, hijos o cualquier familiar pueden encontrarse en la imposibilidad de manifestar su voluntad; por ejemplo cuando tienen un familiar en estado vegetativo, de coma o de mínima conciencia, y no reconocen a las personas que les rodean, no saben donde están, no recuerdan los bienes de los que son propietarios o las decisiones que cotidianamente tomaban.
Las personas con discapacidad son quienes, en primera instancia, deben determinar y formalizar los apoyos que necesitan, pero esto no siempre es posible en la realidad. En estas circunstancias excepcionales, las familias y la red de apoyo se encuentran en la necesidad de brindarles apoyo para tomar decisiones, para administrar sus bienes, para tomar decisiones sobre la vivienda, el cuidado personal, la salud, entre muchos otros aspectos de la vida cotidiana.
En esta nota de blog les contamos 8 ideas para saber qué hacer en estos casos y cómo proceder de acuerdo con lo que indican las normas colombianas.
¿Necesita un abogado para comenzar un proceso de adjudicación judicial? contáctenos a través de este formulario, a través del chat de nuestra página o al correo info@desclab.com para recibir información sobre el servicio.
Idea 1. ¿En qué casos un familiar o miembro de la red de apoyo puede comenzar un proceso judicial de apoyos?
Los procesos de adjudicación judicial de apoyos solamente pueden ser comenzados por los familiares o miembros de la red de apoyo de una persona mayor o de una persona con discapacidad en dos escenarios:
En primer lugar, cuando la persona se encuentra en absoluta imposibilidad de manifestar su voluntad por cualquier medio o modo posible. Esto aplica cuando, por ejemplo, la persona se encuentre inconsciente, en estado vegetativo, cuando esté completamente pérdida o desubicada en tiempo en espacio, no sepa quién es, ni donde se encuentra, entre otros casos.
En segundo lugar, cuando la persona se encuentre en imposibilidad de ejercer su capacidad jurídica y sus derechos se encuentren en riesgo. Esto aplica cuando la persona tiene un nivel deterioro que ha progresado y se encuentra en un punto medio, por ejemplo: solamente a veces sabe quién es y dónde se encuentra otras veces no; a veces reconoce a las personas cercanas, otras veces; a veces no recuerda los bienes que integran su patrimonio, otras veces sí.
Estos posibles escenarios deben ser previamente establecidos a través de una valoración de apoyos, no obstante, las familias y los miembros de la red de apoyo pueden preguntarse si su familiar se encuentra en algunos de ellos. Hay que tener siempre en cuenta que ni la valoración de apoyos ni los procesos judiciales son herramientas para actuar en contra de la voluntad de la persona ni vulnerar sus derechos.
Idea 2. ¿Para qué sirven los procesos judiciales de apoyo?
Los procesos de adjudicación judicial de apoyo son un mecanismo de formalización de apoyos creados por la Ley 1996 de 2019. Junto con los acuerdos de apoyo y las directivas anticipadas, sirven para formalizar los apoyos que requiere una persona con discapacidad o de una persona mayor. Esto significa: identificar claramente el tipo de ayuda o asistencia que requiere la persona, identificar los actos jurídicos o decisiones específicos que requieren apoyo, las personas que van a proveerlo y las salvaguardas aplicables.
Idea 3. ¿Qué voy a recibir al final del proceso judicial de apoyo?
Al finalizar el proceso judicial, la persona y su red de apoyo reciben una sentencia proferida por el juez de familia que llevó a cabo el proceso. En dicha sentencia se establecerán los actos jurídicos, los apoyos que se requieren, las personas que deben proveerlos, el tiempo de duración y las salvaguardias para proteger a las personas y a su patrimonio.
Con esa sentencia, las personas nombradas como apoyos podrán ejercer sus labores, ya sea de acompañamiento, representación o mejor interpretación de la voluntad de la persona con discapacidad o persona mayor que lo necesite.
Idea 4. ¿Debo tener una valoración de apoyos?
Sí. Todos los procesos judiciales deben incluir un informe final de valoración de apoyos. Éste puede construirse previamente y anexarse a la demanda o en un momento inicial del proceso. Inclusive, la misma autoridad judicial puede solicitar dicha valoración en el curso del proceso.
Idea 5. ¿Cuánto tiempo se demoran los procesos judiciales de apoyo?
La duración de un proceso judicial es relativa. Sin embargo los procesos de adjudicación de apoyos duran entre 8 y 18 meses. Hay varios factores que afectan la rapidez de mismo: la complejidad del proceso, las relaciones entre las partes, las pruebas y el despacho judicial asignado, entre otros.
Idea 6. ¿Qué pasa si es necesario tomar una decisión urgente y no es posible esperar a la sentencia?
En casos de decisiones urgentes es indispensable comenzar el proceso de adjudicación de apoyos y, desde el inicio del mismo, solicitar al juez medidas provisionales para que nombre de forma preliminar y temporal a algunas personas para brindar apoyos en la toma de decisiones específicas. Esto debe lo debe hacer el abogado que te acompañe.
Estas medidas provisionales son útiles para desbloquear productos bancarios, otorgar poder, comprar, vender, entre otras decisiones que en cada caso concreto puedan resultar urgentes.
Idea 7. ¿Necesito de un abogado para llevar a cabo estos procesos?
Sí, la representación de un abogado es indispensable en estos procesos judiciales.
Idea 8. ¿Cuál es el rol de los abogados en estos procesos?
El rol de los abogados va mucho más allá del rol típico de agenciar los trámites judiciales. A lo largo de estos procesos, los abogados que representan a las personas con discapacidad y a sus familiares, deben ayudarles a identificar necesidades de apoyo, actos jurídicos relevantes y las personas clave que pueden brindar el apoyo. Se trata no solo de identificar las necesidades actuales, sino prever algunas necesidades futuras.
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